El Ayuntamiento de Lisboa está dispuesto a ceder terrenos y edificios municipales a cooperativas de vivienda a condición de que garanticen que parte de las unidades se alquilan a costes controlados, de acuerdo con las normas del Programa de Renta Asequible (PAA).
El Consejero Municipal de Vivienda aprovecha este miércoles para votar una propuesta que pretende dar “un nuevo impulso a la vivienda cooperativa” y, de paso, ayudar al municipio a resolver uno de los problemas más graves a los que se enfrenta: la escasez de viviendas a precios compatibles con los ingresos de gran parte de la clase media portuguesa. Por ello, la ciudad de Lisboa pretende crear una vía de acceso a la vivienda a precios inferiores a los que existen actualmente en el mercado.
Tal y como propone la concejala Paula Marques: por un lado, el ayuntamiento cede su propiedad para construir o rehabilitar inmuebles en Lisboa y, por otro, las cooperativas reservan algunas viviendas para la PRA. El Concejal de Lisboa dijo: “Para superar esta crisis de la vivienda, es esencial regular el mercado de la vivienda en Lisboa y en Portugal, aumentar la oferta pública y reunir a varios socios que puedan ayudar a colmar las lagunas que quedan”.
Esta propuesta de regulación del alquiler en Lisboa no define el porcentaje de viviendas que deben asignarse a la PRA, pero la asignación es obligatoria en todas las operaciones promovidas por cooperativas que impliquen más de diez viviendas. Sólo están exentas de esta obligación las operaciones que la autoridad local considere “pequeñas” (es decir, de menos de diez viviendas).
En las operaciones con PRA, es la cooperativa la que cobra los alquileres pero es el consejo el que selecciona a los inquilinos según las normas del programa. Éstas serán similares a las que ya se utilizan en el Programa de Renta Convencional, donde los interesados se someten a un sorteo aleatorio, todos en igualdad de condiciones. La única condición para acceder a estas viviendas de precio regulado es que el alquiler no supere el 40% de los ingresos mensuales de la unidad familiar.
Esta propuesta del Ayuntamiento de Lisboa llega unos dos meses después de que el Gobierno aprobara una modificación legal que permite a las cooperativas de vivienda ampliar su actividad a la rehabilitación de inmuebles, con apoyo fiscal y financiero del Estado si las viviendas se venden o alquilan a costes controlados.
Paula Marques dice, en el texto que lleva a la asamblea pública del miércoles, que pretende “dar prioridad a la rehabilitación y utilización del patrimonio inmobiliario municipal”, “reintroducir las cooperativas de inquilinos” y “dar prioridad a la propiedad colectiva o copropiedad”. En todas las modalidades -venta individual, derecho de uso, propiedad colectiva o arrendamiento-, la autarquía establece que cada vivienda construida según este modelo “deberá destinarse a vivienda permanente de los cooperativistas”.
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