En 2017, los residentes no habituales (RNH) en Portugal pagaron 80 millones de euros en concepto de IRS, mientras que la ventaja fiscal de la que disfrutaron ese año supuso un coste para el Estado de 509 millones de euros. Estas son las principales conclusiones del Grupo de Trabajo para el Estudio de las Ventajas Fiscales, que reabrió el debate sobre la continuidad o modificación del régimen RNH portugués.
El régimen de residente no habitual en Portugal ofrece dos ventajas principales:
- Un tipo impositivo fijo del 20% durante 10 años para trabajadores de profesiones de alto valor añadido, independientemente del nivel de ingresos
- Exención fiscal para pensionistas con pensiones pagadas en el extranjero, cuando exista un convenio de doble imposición que lo permita
Los defensores del régimen argumentan que estos residentes no habituales contribuyen indirectamente a las arcas del Estado a través del consumo, la inversión inmobiliaria y el pago de impuestos indirectos como el IVA. Sin embargo, el grupo de trabajo señala que en 2017 los RNH pagaron solo 80 millones de euros en IRS (sobre rentas no exentas), frente a un coste fiscal de 508 millones de euros. En 2016, el IRS pagado fue de 54 millones, y en 2018 el coste para el Estado ascendió a 593 millones de euros.
El número de beneficiarios del estatuto RNH ha experimentado un fuerte crecimiento: 7.899 nuevos registros en 2018, un aumento del 270% respecto a 2014. Portugal contaba en ese momento con aproximadamente 29.900 residentes no habituales, siendo los ciudadanos franceses, británicos e italianos los más numerosos.
El grupo de trabajo concluye que, de los 29.900 beneficiarios, solo 2.205 ejercían una actividad de alto valor añadido, de los cuales aproximadamente la mitad eran altos directivos. Esto significa que la gran mayoría de los beneficiarios del régimen no aportaba las cualificaciones de alto nivel que justificaron su creación.
El grupo de trabajo señala también que para un análisis riguroso habría que incluir los ingresos adicionales generados por impuestos indirectos y directos sobre el consumo y las transacciones inmobiliarias, lo que mitigaría en parte la diferencia entre lo recaudado y el coste fiscal para el Estado.
Artículo basado en contenido original publicado en jornaldenegocios.pt
